Desde el mismo 18 de octubre de 2019, el mundo conservador ha ensayado interpretaciones diversas del denominado «estallido social», las que tienen en común eludir el reconocimiento básico de que su origen radica en las profundas inequidades sociales existentes en Chile. Han ensayado atribuirlo a una imaginaria «intervención extranjera», pasando desde Cuba a Venezuela, y también por el Foro de Sao Paulo y el «globalismo» de supuesta orientación socialista.
Otros, más sofisticados, pero siempre en el contexto de las «teorías de la conspiración», hablaron del postestructuralismo francés, armando un improbable cóctel subversivo entre la «deconstrucción» y la «revolución molecular». Finalmente, parecieran haber llegado a la satisfacción cuando acuñaron el concepto de un «estallido delictual», pretendiendo reducir el fenómeno a un hecho vinculado a la violencia de origen delictivo, e inventando el concepto «octubrismo» para apostrofar a los que han osado defender la legitimidad de la demanda ciudadana que se expresaron en el estallido. Con la instalación mediática de esos conceptos, y la consolidación del lógico rechazo de la población a la criminalidad, creen que ya todo está resuelto.
Sin embargo, con motivo de los cinco años del estallido social se han realizado tres estudios de opinión pública, los cuales coinciden en general en mostrar un panorama diferente.
En la encuesta Criteria, la mayoría de las personas consultadas afirma que el estallido «fue una movilización social frente a la percepción generalizada de las injusticias sociales». Solo un tercio de los sondeados dijo que fue «una expresión de violencia vandálica y delictual». En este sondeo, 77% de los encuestados -una inmensa mayoría- cree que el motivo para manifestarse era «impulsar una agenda social enfocada en mejoras de sueldos, salud, pensiones, educación, etc.», frente a 23% que cree que la población se manifestó para impulsar un cambio a la Constitución.
Pese a que 44% dice que ese movimiento fue positivo para el país, 56% lo considera como negativo. Esto significa un incremento de 23 puntos de percepción negativa respecto de 2019, al calor del propio estallido social, cuando la percepción negativa era apenas 33% y la positiva llegaba al 67%.
La percepción negativa parece originarse en los escasos resultados en materia de cambios que dejó el estallido, pues en la misma encuesta el 50% de los consultados piensa que las movilizaciones tienen consecuencias positivas y ayudan a lograr mejoras en el país. La misma encuesta consultó a los participantes sobre las emociones que asociaban con el estallido social. Tanto en 2019 como ahora la emoción dominante es la alegría, aunque el porcentaje bajó de 73% a 41%.
Asimismo, 52% de los encuestados en 2024 sostiene que las demandas que originaron el estallido en 2019 eran completamente justificadas, 25% dijo que eran injustificadas y 23% se mantuvo neutral. Frente a la pregunta de si el estallido fue un movimiento necesario, 48% señala que fue completamente necesario.
En segundo lugar, un estudio cualitativo y cuantitativo de Cadem recoge las opiniones actuales de los chilenos sobre el estallido social y las compara con las existentes en 2019. Este instrumento reveló que el estallido continúa siendo percibido mayoritariamente como expresión de un descontento social generalizado para el 58% de las personas, mientras que 57% cree que fue necesario para visibilizar los problemas del país. Solo 34% considera que fue un problema de orden público y de grupos violentistas organizados, idea que sostienen especialmente las personas identificadas con la derecha (65%).
En coherencia con su dimensión cualitativa, el estudio recoge opiniones como las siguientes: «Fue un descontento que venía acumulándose hace varios años, en varias temáticas. En muchas temáticas»; «que la gente saliera a protestar tenía que ver con el descontento con las pensiones, la educación, la salud… Siento que fue el descontento por llevar aguantando tanto tiempo cosas injustas»; «era una olla de presión tapada que estaba al fuego, que en cualquier momento iba a explotar».
El 67 por ciento estima que las movilizaciones terminaron por la pandemia, versus 22% que cree que fue resultado del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y el 1% por los anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Nadie optó por la alternativa de los cambios de gabinete del Ejecutivo.
A pesar de que algunas formas de acción colectiva han perdido apoyo, un porcentaje muy alto se manifiesta de acuerdo con formas de protesta como los caceroleos y bocinazos (69%) y las movilizaciones y marchas (55%). No deja de ser significativo, cinco años después, el respaldo a la primera línea (23%) y las evasiones masivas (20%). Además, para el 80% de los encuestados las demandas sociales no han sido resueltas y los problemas han empeorado, como el costo de la vida (89%), la delincuencia y el crimen organizado (88%), la calidad de la política (77%), la pobreza (67%) y la desigualdad (61%).
El estudio Pulso Ciudadano de Activa Research también arrojó resultados significativos, y 36,3% de sus encuestados consideró que el estallido social fue una mezcla entre demandas sociales legítimas y actos de delincuencia. El 28,2% consideró que fue una manifestación y una expresión legitima por demandas sociales. Apenas 19,8% afirmó que fue una expresión solo de delincuencia y destrucción de bienes; y 9,7% considera que fue un intento de desestabilizar y derrocar el gobierno de Sebastián Piñera.
El 52,7% de la población estimó que no se han solucionado las demandas sociales que la ciudadanía expresó en el estallido social; 43,8%, que se han solucionado en parte; y solo 3,5%, que sí se han solucionado. Las demandas sociales que no se habrían solucionado son: Pensiones de los jubilados (69,3%), control de la delincuencia (60%), costo de la salud (58,5%), precios de los servicios básicos como luz, agua y gas (56%), dificultad de acceso a la vivienda propia (53,2%), menor corrupción del Estado y la clase política (50,9%), sueldos de los trabajadores (49,3%), desigualdad económica (47%), costo de la educación (46,7%), igualdad frente a la justicia (43,9%), abuso en precios de productos y servicios de empresas (41,2%) y endeudamiento de los chilenos (40,3).
Además, 44,2% está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiar la actual Constitución de Chile, versus 29,8% que está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 26% que está muy en desacuerdo/desacuerdo. Finalmente, 71,3% de la población encuestada considera que es muy probable, probable o medianamente probable que se vuelva a dar un estallido social en Chile.
Así las cosas, el mundo conservador debiera repensar el relato que han construido. No será hablando en forma majadera de «estallido delictual» y «octubrismo» que se lograra la paz social, así como la estabilidad económica y política, de las cuales dependen el progreso y el crecimiento del país.
